ENSEÑANZAS SOBRE EL VALOR JURÍDICO DE LA IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EMPLEANDO LAS TIC

En este trabajo partimos del reconocimiento de que las TIC ayudan a que la docencia abarque la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes básicas de una forma nueva. Y para llevar a cabo esta modalidad innovadora de enseñanza-aprendizaje, los profesores nos debemos valer de instrumentos que sean más acordes con las actuales exigencias universitarias.

Desde este punto de vista, se precisan estructuras que posibiliten acceder al conocimiento en términos de igualdad, capacitar de manera que se favorezca la interpretación y selección informativa junto a la generación del conocimiento sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A tal fin, se propone el diseño de herramientas que creen comunidades online en términos de igualdad.

Así las cosas, si tuviéramos que describir la situación vigente, diríamos que la igualdad se ha objetivado como una técnica destinada a eliminar todos los problemas de falta de armonización en el seno del ordenamiento jurídico [1]. Pero lo que, en realidad, se evidencia es la necesidad de reinterpretar la igualdad formal, de manera que la sustancial se convierta en su presupuesto y la dote de un contenido material. El hecho es considerado como una aparente derogación, y digo aparente porque lo que se hace es tratar diversamente situaciones que, de facto, son diferentes [2].

Esto ocurre cuando al juzgar no existan otros principios constitucionales prioritarios frente a ese derecho, incluso, se puede sostener que la igualdad material es un valor que hay que proteger en el juicio de igualdad, estableciéndose la necesidad de efectuar una valoración más rigurosa si se implican factores referentes a grupos especialmente vulnerables conforme a lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española (en adelante CE). Lo dicho se debe a que el mencionado precepto puede justificar que el legislador emplee como criterios de distinción los que están prohibidos en el artículo 14 del mismo texto legal, si lo que se pretende es llevar a cabo una política promocional de las personas o grupos en los que concurren esas circunstancias que se entienden agravan su desenvolvimiento en la sociedad [3].

Por consiguiente, el hecho de separar tajantemente la igualdad formal de la material traería consigo la asentación y perduración de males tradicionales, consolidando situaciones denunciables de desigualdad social no admisibles desde la perspectiva de la justicia. En esta línea, es preciso reconocer una relación clara entre las dos al desarrollarlas y tener como objetivo la realización del valor de la igualdad partiendo de la igual dignidad de todos [4]. Al hilo de esta argumentación, algunos han sustentado que, dando autonomía conceptual a la no discriminación, esta sirve como puente de unión entre ambas igualdades al “querer y operar la realización inmediata la eliminación de la discriminación, que en algunos casos significará un mandato de participación y, en otros casos, una diferenciación que elimine la discriminación, en la línea de la igualdad sustancial del artículo 9.2 de la CE” [5].

Teniéndolo en cuenta, cabe suscribir con Ferrajoli que la igualdad y la diferencia son complementarias, pues aquélla hace “de cada persona un individuo diferente de los demás y de cada individuo una persona como las demás” [6]. Por tanto, la igualdad formal se puede referir a que el contenido de la ley debe aplicarse sin consideración a las personas y a que la ley no debe basarse en distinciones irrelevantes o injustas [7].

El contexto en el que se mueven estas ideas se explica porque los Estados constitucionales, como máximas tipificaciones contemporáneas de un Estado de Derecho, están en íntima conexión con la Constitución en forma de marco de principios o de marco cerrado. La médula del constitucionalismo reside en haber concebido una norma suprema aplicable inmediatamente por todos los operadores jurídicos que se impone con referencia a cualquier otra clase de norma y con un contenido preceptivo en el que sobresalen los valores, los principios y los derechos fundamentales [8]. En el presente punto, resulta ineludible advertir que traspasamos la simplicidad moderna en la que el Derecho es la raíz sobre la que se sustenta una sociedad. Los juristas trasladan la seguridad materializada en reglas que tienen vocación de perpetuidad y en toda una gama de normas procedimentales y de formalidades minuciosas, al plano desregulador y re-regulador de una complejidad contenedora de muchos datos contradictorios y entramados cristalizados en diversos sistemas [9].

Esto incide en la necesidad de una concepción dúctil de la igualdad formal, concepción que fuerza a que la discusión sobre la igualdad, en conexión con la perspectiva de la justificación moral, deba seguir unos criterios guía presentados como condiciones previas de la distribución que se efectúe. En este sentido, es por lo que el juicio de relevancia y razonabilidad se habrá de efectuar por medio de la exigencia de atención al problema de la capacidad de elección y de las necesidades básicas que posibilitan la capacidad de elegir en su acepción genérica. También se habrá de efectuar conforme al criterio guía que viene dado por la noción de que la capacidad de elección de los agentes morales posee un valor igual, presuponiéndose una idéntica participación de todos. Ambos planos implican la satisfacción de necesidades básicas y la atribución de un poder igual en la discusión.

A ello hay que sumar la necesidad de considerar la posible presencia de diferentes clases de desigualdad y de diferentes criterios de distribución, en atención al contexto sobre el que se dirige el examen de la igualdad por la complejidad de su idea [10], lo que favorece la justificación de la diversidad a la hora de tomar las medidas pertinentes sin dejar de tener en cuenta la aceptación de la medida y de sus criterios por los afectados. De lo expuesto se deduce que “siempre será razonable aquella medida que aun diferenciando pretenda satisfacer una necesidad básica y mantener la capacidad de elección o que pretenda situar en igual situación de poder a unos determinados individuos que no lo están. Y, a partir de aquí, también será razonable aquella medida que, atendiendo a las circunstancias que provocan desigualdad, al contexto y a los criterios posibles de distribución, sea aceptada por los sujetos implicados” [11].

En base a lo expuesto, para poder hacer realidad las cuestiones anteriores las TIC se presentan como un medio de transmisión de valores jurídicos, en nuestro caso del valor de la igualdad, y una fuente de información y conocimiento actuando como una herramienta que sirve para realizar de maneras muy variadas los fines educativos. Por ejemplo, un supuesto de gran utilidad sería el adjuntar a diferentes textos que haya que estudiar etiquetas identificatorias de su referente en el mundo real; considerando tales anotaciones como una metainformación. Las posibilidades ofrecidas son múltiples si bien lo habitual es que sirvan para desenvolver un razonamiento inductivo en la resolución de problemas; además los medios multimedia ayudan a adaptarse a una gran variedad de contextos con el criterio de hacer efectivo el valor jurídico de la igualdad.

NOTAS
[1] SUAY RINCÓN, J., El principio de igualdad en la justicia constitucional, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1985, pp. 28 y 29; VALLENTYNE, P. (ed.), Equality and Justice, vol. 2 (The Demands of Equality), Routledge, Londres-Nueva York, 2003.
[2] LEVINE, A., Rethinking Liberal Equality. From a “Utopian” Point of View, Cornell University Press, Ithaca-Londres, 1998, pp. 59 y ss.; SUAY RINCÓN, J., El principio de igualdad en la justicia constitucional, cit., p. 33.
[3] PUMAR BELTRÁN, N., La igualdad ante la ley en el ámbito de la Seguridad Social, Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 115 y 116.
[4] RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., Igualdad y discriminación, Tecnos, Madrid, 1986, p. 75. Ver, además, ANSART, O., La justification des théories politiques. La liberté et l´égalité considerées comme des suppositions, L´Harmattan, París, 2004; ARMSTRONG, Ch., Rethinking Equality. The Challenge of Equal Citizenship, Manchester University Press, Manchester, 2006.
[5] ALEMANY, M., “Las estrategias de la igualdad”, Isonomía, n.º 11, 1999, pp. 95-13; RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., Igualdad y discriminación, cit., pp. 75-77. Ver también APARISI MIRALLES, A., “Discriminación y derecho a la igualdad. Las vías para el acceso al reconocimiento de la igualdad”, Anuario de Filosofía del Derecho, t. XII, 1995, p. 293.
[6] FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de P. Andrés Ibáñez, A. Ruiz Miguel, J.C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 2006, pp. 906 y ss. Sobre esta cuestión, ver FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E., “Igualdad, diferencia y desigualdad. A propósito de la crítica neoliberal de la igualdad”, Anuario de Filosofía del Derecho, t. X, 1993, pp. 68 y 69.
[7] BAKER, J., CANTILLON, S., LYNCH, K. y WALSH, J., Equality. From Theory to Action, Palgrave MacMillan, Houndmills, 2004, pp. 27 y ss.; ROSS, A., Sobre el Derecho y la justicia, trad. de G.R. Carrió, EUDEBA, Buenos Aires, 2005, p. 352.
[8] GARRIDO GÓMEZ, M.I., Derechos fundamentales y Estado social y democrático de Derecho, Dilex, Madrid, 2007, pp. 49 y ss.; LAPORTA, F.J., “Problemas de la igualdad”, en VALCÁRCEL, A. (comp.), El concepto de igualdad, Pablo Iglesias, Madrid, 1994, pp. 65 y ss.
[9] ARNAUD, A.-J., Entre modernidad y globalización. Siete lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, trad. de N. González Lajoie, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pp. 124 y 258-266.
[10] WALZER, M., Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, trad. de H. Rubio, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2004, pp. 32 y 33.
[11] Sobre lo referente a los criterios señalados, ver ASÍS ROIG, R., “La igualdad en el discurso de los derechos”, en LÓPEZ GARCÍA, J.A. y REAL ALCALÁ, J.A. del (eds.), Los derechos: entre la Ética, el Poder y el Derecho, Universidad de Jaén-Dykinson, Madrid, 2000, pp. 162 y ss.

Visitas: 7

Comentario

¡Tienes que ser miembro de EduTIC para agregar comentarios!

Participar en EduTIC

© 2018   Creado por Congreso TIC - Natalia Gil.   Tecnología de

Insignias  |  Informar un problema  |  Términos de servicio